Residuos supera al cambio climático: el 26% de los chilenos lo identifica como el principal problema ambiental del país

En un contexto donde la seguridad y el costo de la vida dominan el debate público, la preocupación ambiental de los chilenos no ha desaparecido, sino que ha tomado una forma más concreta: la basura. Según la Encuesta Nacional de Medio Ambiente y Cambio Climático 2026, elaborada por Ipsos para el Centro de Acción Climática de la PUCV sobre una muestra de 1.200 personas a nivel nacional, el 26% de los encuestados identifica la gestión de residuos como el principal problema medioambiental del país, una cifra que prácticamente duplica las menciones al cambio climático.

El hallazgo reposiciona al sector de residuos en el centro de la política ambiental. Mientras los compromisos climáticos operan en horizontes temporales largos y abstractos, la acumulación de basura en espacios públicos, los microbasurales y la disposición ilegal de residuos constituyen una experiencia cotidiana y territorial para la ciudadanía. Esta proximidad explica, en parte, por qué el tema escala con tanta fuerza en la percepción pública.

El estudio también constata que un 87% de los chilenos considera importante o muy importante que el Estado aborde el cuidado ambiental mediante políticas públicas, lo que evidencia una demanda activa de institucionalidad, no solo de conciencia individual. En línea con ello, cerrar microbasurales y vertederos ilegales es mencionado por el 27% de los encuestados como una prioridad para el gobierno actual, ubicándose solo detrás de las medidas vinculadas a energía. Un 21% adicional respalda avanzar en una Ley de Residuos Orgánicos orientada a reducir emisiones de metano, señal de que parte de la ciudadanía ya reconoce instrumentos normativos específicos.

Para el sector, los datos tienen implicancias directas sobre la implementación de la Ley REP y los sistemas de trazabilidad de materiales. Gianni Sichel, CEO de Bendito Residuo, empresa especializada en gestión y valorización de residuos, advierte que la ciudadanía ha elevado su exigencia:

• Demanda evidencia verificable de que los residuos se valorizan correctamente y no terminan en disposición ilegal.
• Requiere transparencia en la cadena de gestión, desde la generación hasta la valorización final.
• Espera que el cumplimiento normativo se traduzca en resultados tangibles a escala local.

"La ciudadanía ya no se conforma con compromisos abstractos. El cumplimiento de la Ley REP y la trazabilidad son herramientas decisivas para pasar de la buena intención a los datos duros", señaló Sichel.

Los resultados configuran una señal de mercado relevante: la presión social sobre la gestión de residuos no proviene únicamente de reguladores o activistas, sino de una mayoría ciudadana que percibe el problema en su entorno inmediato y exige respuestas concretas del Estado y de la industria.